La mayor parte de la deuda exterior española es privada y de ella, la mayoría es hipotecaria, tanto de los promotores, constructores e intermediarios, como de los usuarios finales. La deuda inmobiliaria bruta contabilizada por el Banco de España ha alcanzó en 2008 los 1.180.000 millones de euros, de los que un 90% son hipotecas y que apenas se han movido desde entonces.
La enormidad de esa deuda es tan abrumadora como la evidencia de que no seremos nunca capaces de devolverla, según señalan Ricardo Vergés y Juan Carlos Barba, en un artículo publicado en el último número de Observatorio Inmobiliario y de la Construcción que analiza el origen, características y consecuencias del insoportable lastre que supone el endeudamiento español en el sector inmobiliario.
Según estos analistas, "el desastre no habría sido posible si la banca hubiera hecho bien su trabajo, impidiendo que el mercado hipotecario se convirtiera en servidor del dinero y no del usuario. Porque con las reglas en la mano, desde los pactos de financiación hasta la gestión de la deuda, pasando por la producción y comercialización del producto, todo ha sido un despropósito".
Los autores de este trabajo señalan que algunos economistas, como el profesor Barea, mostraron preocupación por la pésima evolución de la balanza de pagos y en consecuencia de la NIIP ( Net International Investment Position) antes del comienzo de la crisis, concluyendo que esta situación no era sostenible en el largo plazo. Sin embargo, nadie fue capaz de anticipar que la insolvencia de los prestatarios acabaría contagiando de la forma que estamos viendo al sistema financiero y al propio Estado.
La consecuencia de todo esto, es que España se ha colocado de esta forma en una lamentable situación, inimaginable hace unos años, similar a aquella trampa en la que se encontraron en los años 80 del pasado siglo muchos países en vías de desarrollo. "A día de hoy ya parece evidente que nunca se podrá pagar esta deuda, empezando por la hipotecaria, por lo que urge que los poderes públicos adopten una postura realista a este respecto", concluyen los autores.
Pero más allá de esta conclusión, Vergés y Barba animan a reflexionar sobre la causa última, en realidad política, de que se haya consentido "esta absurda dinámica durante tantos años, en la que los representantes de los ciudadanos y los supervisores y reguladores que se hallaban a sus órdenes se saltaron los principios más básicos del buen gobierno económico de un modo pocas veces visto a lo largo de la historia".
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